Principio de celeridad

Este principio obliga a los operadores de justicia, a resolver los conflictos existentes entre los derechos de las partes, satisfaciendo el interés público, valiéndose para ello de los diversos mecanismos establecidos por Ley, para brindar soluciones de forma eficiente y eficaz, evitando con ello demoras injustificadas o indebidas.